Descubren red de corrupción en el IPN
(Foto: Archivo/EL UNIVERSAL)
Una investigación de EL UNIVERSAL arrojó que la red operaba para
desviar recursos provenientes del Fondo Pyme de la Secretaría de
Economía, el cual, financiaba a las pequeñas y medianas empresas del
país pero los recursos nunca llegaron a los “emprendedores” y se simuló
su entrega a beneficiarios falsos
En el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional (CIEBT-IPN) operó una red de corrupción para desviar recursos provenientes del Fondo Pyme de la Secretaría de Economía, en contubernio con empleados del Servicio de Administración Tributaria, lo que derivó en un fraude al proyecto, uno de los más ambiciosos para promover a las pequeñas y medianas empresas del país, pues los recursos nunca llegaron a los “emprendedores” y se simuló su entrega a beneficiarios falsos.
Una investigación de EL UNIVERSAL documentó que en el CIEBT-IPN se cometieron irregularidades que podrían configurar diversos delitos, pues para cometer el quebranto tenían que comprobar ante la Secretaría de Economía la aplicación de fondos destinados a Pymes, algo que no ocurría realmente. La lista de anomalías es larga:
Se utilizaron de forma ilegal RFC de profesionistas, empresarios y compañías, sin su autorización, a quienes se les activó oficialmente en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con empresas inexistentes o “fachada” como supuestas beneficiarias; se falsificaron firmas para simular trámites ante la CIEBT-IPN o elaborar recibos; se usaron credenciales del IFE para justificar la creación de empleos falsos; el centro cobró a Economía hasta 50 mil pesos por servicios de consultoría para cada emprendedor, asesorías que en la mayoría de los casos éstos jamás recibieron, además de existir doble facturación.
Se documentaron casos que datan de los años 2008, 2010 y 2011, pero son sólo una muestra de un esquema de operación ilegal, que podría haberse replicado en decenas de casos en la llamada Incubadora del Politécnico.
Algunos de los hechos se registraron cuando el Centro de Incubación era dirigido por Óscar Jorge Súchil Villegas (hoy secretario de Extensión e Integración Social del IPN, y uno de los hombres más cercanos a la directora de la casa de estudios, Yoloxóchiltl Bustamante); cuando éste ascendió en enero de 2010, quedó al frente de siete direcciones a su cargo, entre ellas el CIEBT-IPN, y en su lugar Lourdes Duque Rodríguez comenzó a dirigir la Incubadora, función que hoy ejerce Juan Alberto González Piñón, el ex jefe administrativo.
En entrevista, González Piñón, el actual director de la Incubadora, y quien desde hace una década labora en el área, al conocer el contenido de esta investigación y consultarle si conocía estas irregularidades, tajante rechazó la existencia de prácticas corruptas en el centro: “Estoy cierto que no hay nada que esté haciéndose o que se haya hecho de una manera indebida. Me sorprende, y el poder concebir que se haya podido hacer eso sin que haya de manera clara una situación que en este momento nos estuviera afectando, en verdad diría que es una situación fuera de contexto”.
Durante la reunión nunca pidió ver los documentos y pruebas que sustentan la información, y que forman parte de los archivos de la Incubadora que se entregaron a la Secretaría de Economía para justificar el apoyo a los emprendedores; pero solicitó que se corroboraran los datos que se le expusieron y que afectarían la imagen del centro. Se le preguntó si estaba dispuesto a que las autoridades hicieran una investigación a fondo, pero señaló que él no es la persona indicada para solicitarla.
¿Beneficiarios?
El ingeniero agrónomo Jorge Luis Espinosa Núñez, es
una de las víctimas. El diario obtuvo documentos que revelan que fue uno
de los “beneficiarios” para crear su propia empresa. Se le localizó en
Chiapas, donde reside, y confirmó que nunca ha tenido una compañía, y
que sus datos personales fueron utilizados de forma ilícita.Alguien obtuvo su clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC) —al parecer en complicidad con personal del SAT, ya que ésta permite acceso al sistema fiscal y sólo debe tenerla el ciudadano o personal hacendario— y el 29 de septiembre de 2011 lo reactivó en el Registro Federal de Contribuyentes con la actividad empresarial de “Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono”, con la que supuestamente pretendía percibir ingresos anuales por 873 mil 372 pesos, según consta en archivos de Hacienda.
La compañía jamás existió, Espinosa Núñez ignoró durante meses que alguien manipuló la base de datos del SAT para usar su RFC y adjudicarle una actividad empresarial falsa. “Me enteré como a los ocho meses que me dijo mi contador que estaba yo dado de alta en una empresa de recepción de llamadas, y me dio de baja, entonces la pregunta es ¿quién lo hizo?”, indicó.
Sospecha que tal vez fue en la Incubadora del IPN donde se pudieron obtener y manipular sus datos, ya que él se inscribió a un proyecto de mentores de la Sedesol —como supervisor de proyectos—, y los cursos de capacitación para estos profesionistas los impartió el CIEBT-IPN, al que entregó su documentación oficial.
El fraude va más allá
Existe un recibo del 30 de noviembre de 2010, firmado por Lourdes
Duque, entonces directora del CIEBT-IPN (ex colaboradora de Súchil, como
subdirectora de Vinculación y Gestión Empresarial), que hace constar
que ese año Espinosa Núñez recibió un apoyo con un valor equivalente a
50 mil pesos, por el servicio de “Consultoría para negocios en proceso
de formación en una incubadora”, como parte de un proyecto para la
creación de 50 nuevas empresas, bajo los auspicios del centro.Dicho recibo, que se entregó a la Secretaría de Economía, es un comprobante firmado por el supuesto beneficiario, para que el CIEBT-IPN cobrara a la dependencia los recursos del proyecto, amparando el gasto de los 50 mil pesos por cada empresa “apoyada” a través de consultoras externas, que también deberán ser investigadas por las autoridades, ya que expidieron facturas que amparan que sí dieron el servicio.
Espinosa afirmó: “Nunca he recibido un servicio de consultoría para crear una empresa, nunca por parte de la lncubadora del IPN, nada”. Se le exhibió el supuesto recibo con su firma, y asegura que no es la suya, fue falsificada. En el centro incluso se expidieron documentos —cuya copia tiene esta casa editorial— que acreditan que a pesar de ser empresas falsas o inexistentes se crearon empleos, un requisito para validar su participación en el proyecto del Fondo Pyme, y demostrar el “éxito” de los “emprendedores”.
Los comprobantes de empleo indican que el ingeniero en su empresa de Chiapas tiene como trabajadores a David Fosado, con residencia en Xicotepec, Puebla; a Héctor Velázquez Chávez, con dirección en Tequila, Jalisco; así como a Pedro Venegas Lázaro, un ciudadano de Santa Catarina, Oaxaca. A los documentos se anexaron credenciales del IFE de estas personas para dar veracidad al fraude, pero su presunto empleador ni siquiera sabe quiénes son y en estos documentos se falsificó su firma.
Utilizan a pequeños empresarios
La simulación para crear pequeñas y medianas empresas, y aplicar recursos del Fondo Pyme, tuvo diversas modalidades.La empresa “Bifrontismo Arte” entró a la Incubadora en el primer semestre de 2010, pero jamás obtuvo recursos y por falta de fondos al iniciar 2011 los cuatro jóvenes que ingresaron el proyecto lo cancelaron; meses después, ya sin la intervención del CIEBT-IPN, emprendieron otra compañía, bajo un nombre distinto.
Ya estaba fuera del programa cuando se empleó el RFC de la empresa para ampliar sus actividades el 29 de septiembre de 2011, y en el documento del SAT se le registró para “actividades de investigación científica o tecnológica, inscritas en el R.N.I.C y T. prestados a terceras personas”.
En el registro oficial ante el SAT aparece Adrián Uribe Gutiérrez como representante legal de esa compañía. El empresario fue ubicado por este diario, y al mostrarle la documentación negó que él o cualquiera de sus socios hubieran ampliado el régimen de “Bifrontismo Arte” y menos para una actividad científica. “Yo no tengo conocimiento de ese cambio, no soy representante legal de una empresa de ese tipo”, rechazó.
El RFC de su socio Carlos Reveles Torres, con quien participó en el proyecto de la Incubadora estaba cancelado en septiembre de 2010, pero sin su autorización se le dio de alta nuevamente el 12 de septiembre de 2011, con actividades de “otros servicios de apoyo a los negocios”, no obstante Uribe Gutiérrez asegura que él tampoco tiene una empresa con ese giro.
Los cambios ante el SAT fueron hechos con su clave CIEC, ya que EL UNIVERSAL obtuvo un documento con la lista de emprendedores en proceso de incubación, y junto al nombre, anotadas a mano, una serie de claves; Anallely Reveles, hermana y apoderada legal del empresario confirmó que la palabra y los dígitos son efectivamente la contraseña que permite a Carlos Reveles hacer modificaciones y gestiones como contribuyente, lo que demuestra que personal del centro sí tuvo acceso a esos datos confidenciales e intransferibles, en complicidad con personal hacendario.
Además, existen comprobantes de creación de empleo elaborados en noviembre de 2011 por el CIEBT-IPN que indican que Reveles Torres, con la supuesta empresa DECC&Asociados, generó fuentes de trabajo con apoyo de la Incubadora, pero de acuerdo con Anallely Reveles, ellos no tienen participación alguna en una compañía con ese nombre.
Según el documento con folio FP2010-451-120 elaborado por el CIEBT-IPN para demostrar el avance de DECC&Asociados, entre las presuntas empleadas está una joven llamada Carolina Olivar Mejía, y hasta se incluyó su credencial del IFE. No obstante, Uribe Gutiérrez asegura que la mujer nunca ha trabajado ni en “Bifrontismo” ni en su actual compañía, pero conoce a la joven pues estudió con él en el IPN, y sabe que ella también fue una de las “emprendedoras” que presentó su proyecto ante la Incubadora hace un par de años.
En el caso de la empresa Arco Quim, de productos químicos para limpieza, se utilizó su RFC para ampliar ante el SAT sus actividades empresariales el 22 de septiembre de 2011, y se le registró con actividad de “Sociedades y asociaciones de ahorro y préstamo autorizados como Entidades de Ahorro y Préstamo”.
Uno de los dueños y representante legal de la compañía, Alejandro Castillo Pérez, aseguró que jamás se hizo ese trámite ante el SAT. “En enero de este año fui a Hacienda a revisar esta situación, quedaron de avisarme en la dependencia por qué razón estaba la ampliación, nunca he tenido una empresa de préstamo de ahorros ni podría ser prestamista, ya que se requiere un capital social determinado. La empresa es de productos químicos, de hecho, cuando fui a aclarar ante las autoridades hacendarias, dieron de baja esas supuestas actividades, dijeron que pudo tratarse de un error del sistema y que investigarían”.
Su empresa se dio de alta en Hacienda en septiembre de 2009, pero desde 2008 Castillo Pérez y su socia ingresaron a la Incubadora para ser apoyados con la creación de su compañía Industrias Cleanmax, que después se convirtió en Arco Quim. “Entramos al proyecto y nos apoyaron con la incubación y participación en la Semana Pyme 2009; pero nos dieron de baja porque no cumplimos con toda la tramitología, era tardadísima, pasó más de un año y no avanzamos”.
Castillo Pérez y su socia dejaron de tener nexos con el CIEBT-IPN en los primeros meses de 2010, y ya estaban fuera del proyecto cuando se les dio de alta como prestamistas. Existe un recibo del Fondo Pyme expedido también el 30 de noviembre de 2010 por el centro, y firmado por su entonces directora, Lourdes Duque, y el apoderado legal del Politécnico Roberto Álvarez Arguelles, en el que el empresario acepta que recibió el servicio de consultoría como parte del proyecto para la creación de 50 nuevas empresas en incubación, pero él confirmó que nunca recibió la asesoría que ampara el documento y que su firma fue falsificada.
Castillo Pérez tiene un oficio del centro, fechado el 24 de agosto de 2010, que contrasta con el supuesto éxito de su empresa, ya que indica: “En el caso particular hemos notado que no obstante nuestras anteriores invitaciones no han mostrado interés por acudir a las asesorías y tampoco ha cumplido con las actividades que le han sido solicitadas dentro del marco del proceso de incubación. Sírvase considerar este comunicado como una nueva invitación a retomar el proceso de incubación de su empresa”, y un mes después tenía hasta empleados.
Se elaboraron comprobantes de que Arco Quim generó empleos bajo el auspicio de la Incubadora. Bajo el folio FP2010-451-120 se expidió el 30 de noviembre de 2010 el comprobante que acredita que Castillo Pérez tiene cinco personas que trabajan para él, pero confirmó que “nunca hemos tenido empleados, la empresa nunca operó como tal. Incluso el logotipo que aquí aparece es falso también”, expuso.
En la lista de supuestos trabajadores aparece el nombre de Roberto Ron Delgado, pero éste es un empresario que en 2005 participó en otro proyecto del CIEBT-IPN, denominado “Capital Semilla”, con el que se buscó impulsar su compañía; en los documentos obtenidos se simuló con su credencial de elector que cinco años después era trabajador de alguien que ni siquiera lo conoce; el empresario, además, por la fotografía de su credencial del IFE, reconoció entre sus falsos trabajadores a Edgar Díaz Tinoco, a quien vio cuando realizaba su servicio social en la Incubadora.
Con el mismo modus operandi se utilizó a la emprendedora Gicela Castillo Martínez, la socia de Arco Quim. En su caso se utilizó su RFC personal para ampliar sus obligaciones en septiembre de 2011, bajo el rubro “otros servicios profesionales, científicos y técnicos”, cuando su registro original en 2008 es por “comercio al por mayor de productos químicos para uso industrial” y ella desde esa fecha jamás hizo ningún otro movimiento ante el SAT.
La empresaria también rechazó haber firmado el recibo que ampara que supuestamente recibió consultoría por un valor equivalente a los 50 mil pesos, pues la que aparece fue falsificada, “no es mi firma, no se parece en lo más mínimo”.
En los archivos del CIEBT-IPN aparece como dueña de la empresa RFID Solutions Business, con una planta de cinco empleados. Ella jamás ha tenido relación con esa compañía “por supuesto desconocía completamente la existencia de esta razón social e ignoro quiénes son las personas que aparecen como mis trabajadores”.
“Oscorp” es una microempresa familiar de la industria textil de los Téllez González que tiene más de una década de operaciones en Puebla, y que en el periodo 2007-2008 recibió apoyo de la CIEBT-IPN para hacer crecer su compañía; pero al final los hermanos, que son socios, dejaron el proyecto.
Sin tener ya ninguna relación con la Incubadora alguien decidió usar el RFC de uno de los socios, Lorenzo Téllez, para ampliar sus actividades empresariales ante el SAT el 14 de septiembre de 2011, con el giro de “escuelas del sector privado para la capacitación de ejecutivos, que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley General de Educación”.
José Antonio Benito Téllez, en entrevista, señaló que jamás su hermano se dio de alta para tener una escuela, ambos son ingenieros y su actividad es muy distinta.
Hasta el día que los contactó EL UNIVERSAL ignoraban que el RFC de uno de ellos fue utilizado para gestionar la creación de una empresa inexistente.
Admitió que cuando tuvieron contacto con la Incubadora del IPN “Oscorp” recibió asesoría, pero rechazó que se haya firmado el 30 de noviembre de 2010 (fecha igual en todos los casos detectados), por el apoyo recibido equivalente a 50 mil pesos por el servicio de consultoría, pues ya estaban fuera de todo proyecto “en los documentos hay fechas diferentes al tiempo en que estuvimos”.
También hay documentos que acreditan que tres de los hermanos son empleados de la empresa, y en ese caso, así como en el recibo del Fondo Pyme por la falsa asesoría, todos coincidieron en que sus firmas fueron falsificadas.
“Tamales González” es el negocio que Israel González Guzmán pretendió hacer crecer con el apoyo de la Incubadora. Su registro original ante el SAT data de 2009, año en que ingresó al centro para contar con el apoyo, pero a finales de 2010 salió para estudiar la universidad.
En agosto de 2011 amplió sus actividades como “elaboración de alimentos de consumo inmediato”, hasta ahí él hizo las operaciones, pero en septiembre siguiente se modificó su actividad a “servicio de profesores particulares”, para ese momento él ya estaba fuera del proyecto del Politécnico, e ignoraba este cambio en su régimen.
Aseguró en entrevista que está agradecido con la Incubadora, pues le enseñó a ver la importancia de cómo manejar un negocio, a ser un emprendedor, pues el joven que no tenía más que la secundaria terminada aprobó la preparatoria y hoy es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad del Valle de México en las licenciaturas ejecutivas.
Sin embargo, desconocía la manipulación de su RFC y sus datos. Supuestamente firmó en noviembre de 2010 el recibo que ampara que recibió consultoría, así como los documentos que acreditan que tiene empleados, pero cuando se le exhibieron los documentos definitivamente señaló: “No es mi firma, no recibí esta consultoría; tampoco he visto a estas personas y mi firma ni siquiera se parece”.
Irregularidades en facturas
La factura con número 135617 expedida al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IPN, fechada el 27 de junio de 2008, establece que presuntamente se brindó el servicio de “Consultoría Empresarial para 50 negocios en proceso de Formación en la Incubadora de Empresas del IPN”, por un monto de un millón de pesos.
No obstante, de acuerdo con las copias obtenidas por este diario, existe otra factura con el mismo folio, pero fechada el 5 de diciembre de 2008, que ampara servicios por 2 millones 275 mil pesos por “consultoría empresarial para 37 negocios en proceso de formación en la Incubadora de empresas del IPN”, el mismo monto y concepto existe además en la factura 135618 del 20 de marzo del 2009.
Rechazan corrupción
Se solicitó al IPN entrevistas con Súchil Villegas y Lourdes Duque, los ex directores de la Incubadora, pero sólo se concedió la reunión con el actual, González Piñón, a quien se le informó sobre el contenido de ésta investigación y se le preguntó si sabía de la existencia de estas irregularidades. Respondió: “Hay varias cosas que estás comentando que realmente desconozco”.
Sobre la utilización de las claves CIEC para ampliar la actividad empresarial de los emprendedores, González aseguró que “no hay ninguna posibilidad de que nosotros modifiquemos o hagamos algo que esté fuera del conocimiento del emprendedor, porque finalmente el recurso, el beneficio y la deuda es para el emprendedor. Ello ni siquiera sería posible”.
—Pero se hizo, y esas empresas que supuestamente fueron apoyadas tienen trabajadores, pero los empresarios confirman que todo es falso.
—No me queda claro, porque no tengo un conocimiento real de esto que me estás comentando (…) Se me hace muy complejo el poder pensar el que una persona, en este caso Juan Pérez, pueda hacer modificación de un estado de alta de RFC tuyo o de alguien más, es un dato personal, es algo que a nadie se le da, yo lo tengo bajo llave y ninguna institución te dice dame tu clave CIEC o como se llame, ni se pide ni se daría.
—Los datos fueron utilizados por la Incubadora para justificar que se apoyó a estas personas.
—Se me hace muy complejo el pensar que pudiera existir este tipo de situaciones; no se me hace posible, te soy sincero. Tan solo el hecho de tratar de imaginar lo que tú me estás diciendo implicaría…
—¿Implicaría una red de corrupción?
—Ahí sí no, me quedo sin palabras, porque no sé ahí cómo pudiesen haberte comentado esto, no es algo que sea una práctica ni del Politécnico ni de ninguna otra institución, finalmente es algo que escapa a la normalidad de lo que se hace en el otorgamiento de apoyos.
—¿Nunca detectaron anomalías?
—En ese sentido no tengo conocimiento de que esto exista.
Se le insistió a González Piñón, por los 10 años que lleva trabajando en la Incubadora, y al ser ex jefe administrativo, si detectó irregularidades, y señaló que “en el IPN y de manera particular en la Incubadora, en lo que yo conozco, no hay algo que esté hecho fuera de lo que normalmente implica la normatividad institucional; es decir, no hay cómo hacerlo, porque todo está sujeto a autorización de superiores”.
Dijo que “eso implica que cualquier asunto que uno haga como director de área, por supuesto que uno sabe que lo hace sin autorización del jefe inmediato, es algo que puede costarle a uno la cabeza en función de que está rompiendo la normatividad institucional. Entonces, te diría que en ese sentido estoy cierto de que no hay nada que esté haciéndose o que se haya hecho de una manera indebida”.
—¿Está dispuesto a que se haga una investigación a fondo?
—En mis manos no estaría el que yo dictamine que se haga una investigación mañana mismo, porque somos funcionarios que estamos sujetos a leyes y normativas institucionales y federales. Esto tendría que hacerse bajo la norma que tenga que seguirse, pero no podría decirte que se haga porque no soy la persona que pueda solicitarlo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario